Denuncia

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Agora – 18 septiembre 2015

¡Denuncian al Actual Ayuntamiento de San Juan de los Lagos por Desvío de 13 Millones de pesos y Violación al Código de Desarrollo Urbano! ¡La Denuncia Fue Presentada por la Diputada Norma Angélica Cordero Prado!

En una denuncia presentada por la diputada por el distrito 02 Norma Angélica Cordero Prado expresó una serie de anomalías presuntamente realizadas en el ayuntamiento de San Juan de los Lagos, en la misma exhortó a la Auditoría Superior de Hacienda a realizar una auditoría y pidió al secretario de Hacienda y Crédito Público informe sobre la aportación del ISR por parte de las autoridades de ese ayuntamiento.

Tráfico de influencias para construir desarrollos habitacionales propiedad de funcionarios de primer nivel, aprobación de viviendas a particulares sin cumplir los requisitos de Ley y venta de conjuntos habitacionales sin servicios públicos, además del aparente desvío de 13 millones de pesos producto del Impuesto Sobre la Renta; son algunas de las anomalías que denuncian en el municipio de San Juan de los Lagos.

Como representante del distrito 02 ubicado en Los Altos Norte de Jalisco, la diputada Norma Angélica Cordero Prado, dijo haber recibido varias denuncias al respecto, por lo que a través de un a-cuerdo legislativo, solicitó una revisión a los recursos que se han erogado para descartar cualquier daño al patrimonio y al erario público del municipio de San Juan de los Lagos. Afirma que un grupo de regidores le in-formó que el gobierno actual de San Juan de los Lagos, no ha enterado a la Secretaría de Administración Tributaria el Impuesto Sobre la Renta, mismo que se les ha venido descontado a los trabajadores, en los últimos dos años, el cual asciende a la cantidad de $13,000,000.00 (trece Millones de Pesos 00/100 m.n.) que el mismo ha sido destinado a gasto corriente por dichas autoridades, situación que va en detrimento de las arcas federales y de la propia normatividad.

Por lo que “se exhorta al Lic. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de sus atribuciones, informe a esta soberanía si el gobierno del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ha enterado el Impuesto Sobre la Renta que se les ha venido descontado a los trabajadores, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2015.

De igual forma, la legisladora solicitó al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, “para realizar auditoría respecto al manejo de los recursos públicos ejercidos del 01 de enero al 31 de agosto del presente año, al Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, por el posible desvió de recursos”. Al Ing. Gabriel Ibarra Félix, Procurador de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, “para que dentro de sus atribuciones, vigile y requiera a la autoridad municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco, para que aplique de manera inmediata, las medidas de seguridad si existen violaciones a la normatividad urbana vigente.

Cordero Prado señaló que los quejosos le externaron que funcionarios del gobierno actual, principalmente en las áreas de Catastro y Planeación Municipal, no se han conducido bajo el principio de la legalidad, toda vez que han detectado y observado algunas anomalías.

Estas anomalías, explicó, se refieren a la aprobación y aceptación de desarrollos habitacionales, propiedad de la directora de planeación o de algún fa-miliar; así como la facilitación de desarrollos habitacionales de particulares sin cumplir con alguno de los requisitos que marca la ley, algunos sin servicios públicos mínimos requeridos por el Código de Desarrollo Urbano.

La principal obligación de todo re-presentante electo, es brindar un buen servicio a la comunidad, administran-do de manera transparente y eficaz los recursos que llegan a las arcas, a través de los impuestos, aplicándolos de manera responsable. “El comportamiento de los funcionarios debe ir de la mano al respeto irrestricto de los procedimientos que la ley marca, de lo contrario de buena o mala fe, se incurre en responsabilidad”.

Así concluyó Cordero Prado, al señalar que ante el cambio de administración municipal el próximo primero de octubre, la fiscalización, que genera certeza jurídica, debe garantizar el buen funcionamiento de una gestión municipal.

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